EL CASO DE LA NENA ABUSADA

Con más dudas que certezas

La causa por el supuesto abuso a una nena en el Jardín de Lemee no avanzó. Si lo hizo el apoyo a la preceptora.

El pedido de indagatoria que hizo el abogado Ramiro Rua a la preceptora acusada por la mamá de la menor de 4 años todavía no prosperó.
En el ámbito escolar se duda de lo ocurrido y hasta de la comprobación fehaciente a través de pericia por el lapso de casi una semana entre que habría ocurrido el hecho y la denuncia de la madre.
Para el letrado todavía está en fecha los tiempos procesales, el juzgado tampoco resolvió si acepta como particular damnificada a la madre de la nena, un recurso presentado por Rua el 30 de junio. El abogado volvió a insistir, ante este medio, que el hecho existió, “los chicos no mienten, la nena lo ratificó”, aseguró. Además afirmó que verbalmente una de las psicólogas que hizo la pericia le dijo que “no había dudas”.
Sin embargo aún está pendiente el informe por el cual el juzgado decidirá cómo sigue la causa.
Una fuente consultada opinó que es muy probable que en la Justicia existan dudas y quieran reunir más pruebas y estar seguros antes de hacer una imputación. Mientras tanto fuera del ámbito de la justicia hay acusaciones cruzadas, hacia la preceptora y hacia el padre de la criatura, a este último apuntan los vecinos que asegurán registraría antecedentes.
En tanto, después de la marcha de apoyo de padres y docentes a favor de la preceptora acusada, estos juntaron firmas para solicitar que la parte afectada en el proceso no continúe mediatizando el tema y “ensuciando” el nombre de la preceptora.

5 meses
El caso de asesinato de Rosana en El Remanso cumplió 5 meses y la investigación quedó empantanada. Así lo confirmó Ramiro Rua, el abogado de Arce, el ex marido de la víctima.


Se exige mesura
Por Dra. Adriana Saucedo
(Abogada Penalista)
Algunos temas que me parece impor-tante destacar. El primero, es qué deli-to se está investigando, y de ahí se desprende todo lo demás.
Los delitos contra la integridad sexual, tienen varias aristas. Una de ellas, es la connotación social que conlleva la noticia, tanto para la víctima, como para el acusado.
Otra de ellas, es la dificultad probatoria que rodea a este tipo de hechos, que en la mayoría de los casos ocurren sin testigos.
Otra, que se aplica a este caso, es el cuidado que con mayor ahínco debe darse a una situación de este tipo, cuando son menores los involucrados. Cuando me refiero a “cuidados”, no estoy hablando sólo desde los órganos encargados de la investigación, sino a todas las personas que de un modo u otro se encuentran relacionadas con el hecho, y que a veces, movidas por razones elevadas, se dejan llevar por sus emociones, y terminan cometiendo ciertas bajezas, como cuando la víctima de este tipo de delitos, termina siendo más cuestionada que el propio imputado.
Y finalmente, por las razones mencionadas el criterio y la mesura que debe rondar al tratamiento de los datos que se van incorporando a la causa, en su relación con la individualización del posible autor de los hechos denunciados. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos de este precioso país, gozamos de una garantía constitucional, que habla de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Que todos seremos considerados inocentes del hecho que se nos impute, mientras no sea demostrada nuestra culpabilidad. ¿Cómo se demuestra legítimamente esa culpabilidad, como para dejar de lado aquella presunción? A través de un juicio previo, legítimo, y con una condena condenatoria firme.
O sea…mientras esta situación no esté dada, la persona imputada (en este caso la preceptora), es inocente, y merece un trato acorde a dicha presunción.
Esto, no implica, desoír el válido reclamo de los progenitores de la menor, ni descalificar sus dichos. Sino, que el derecho es para todos, la justicia es para todos, y la verdad al que todas las partes involucradas quieren arribar, también.
Y, que mientras se esté en camino, sería bueno, ser cautos, de modo tal de evitar mayores perjuicios que los que ya se han ocasionado.