Inspeccionaron una granja en Cardales y después fueron a la Mimosa III de Luaces. Al final no la clausuraron. Los operativos duraron 11 horas e involucraron a más de medio centenar de personas.
No fue sorpresa, pero nadie imaginó semejante despliegue de inspectores y organismos del Estado detrás de la detección de trabajadores en negro, indocumentados y explotación de niños.
El municipio había pedido al Ministerio de Trabajo provincial una inspección a otros establecimientos para asegurarse que no se repitiera la misma situación que hace siete días en las granjas de “Nuestra Huella”. El miércoles el intendente viajó a La Plata y se entrevistó con el ministro de Trabajo quien le confirmó la inspección, la cual –se sabía- tendría cobertura mediática.
La Semana estuvo desde las 9 hs en la estación de servicio de Rutas 8 y 6, lugar de encuentro de los inspectores. La sorpresa fue que cada vez llegaban más funcionarios representando a diferentes organismos. Veamos: Ministerio de Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Migraciones, INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), Subsecretaría de la niñez y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, COPRETI (Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil), Municipio local, UATRE (sindicato), OSPRERA (obra social). Con el correr de las horas se sumaría la Fiscalía del Dr. Juan José Maraggi (a cargo de la causa penal) y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Ese movimiento se tradujo en principio en 60 personas y 15 móviles que marcharon en caravana, primero hacia Los Cardales, donde inspeccionaron la granja de Esteban Quiqueran con resultado negativo, aunque el que comandaba la inspección –Jorge Calegari- declaró luego que “no estaban la mayoría de los trabajadores que estaban en la lista” y dijo sospechar que los supuestos irregulares se habían ido para zafar de la inspección. Entonces, se dedujo, alguien le habría avisado al dueño de los 26 galpones de ponedoras.
Resulta que los inspectores laborales tenían información de que en esa granja había empleados en negro, el dato se lo habría pasado el sindicato de UATRE que visitó la semana anterior el lugar y según una fuente del gremio “habían constatado graves irregularidades”, las mismas que las inspecciones no pudieron corroborar. Solo detectaron irregularidades administrativas menores.
Las 60 personas –también este medio- entraron todas al predio de Quiqueran, ante la sorpresa estupefacta del dueño del predio que no podía entender el por qué la cantidad de gente y móviles.
Por los resultados pareció muy exagerado, los que conocen la zona y a los productores, esas granjas no eran las indicadas si se querían buscar situaciones como las de La Mimosa de la empresa Nuestra Huella, tal como ocurría días atrás.
Para obtener lo que no obtuvieron en la granja de Cardales, la notable caravana se dirigió a la ya famosa Mimosa III. Los esperaba el abogado y apoderado –de apellido Gariboti- que solo se limitó a firmar y recibir a la avalancha de funcionarios y demás.
Ahí fue otra historia y todos los organismos trabajaron.
La cartera Laboral encuestando a los trabajadores y labrando actas, Migraciones hablando con las personas de origen boliviano (todos con documentos en trámite), el INADI viendo situaciones de explotación, el gremio y obra social encuestando a sus futuros aportantes, el COPRETI encuestando a los chicos y tomando imágenes y testimonios para un documental que están produciendo sobre el trabajo y explotación de menores (ver nota Los chicos siempre dicen la verdad) y el Municipio sentando los antecedentes de inspecciones y explicando las limitaciones para el caso ya que es Asuntos Agrarios la responsable de que las granjas no estén clausuradas.
Ese ministerio aparecería después, a eso de las 18,30 horas y con el signo de agotamiento de los que todavía tenían que volver a La Plata. En tanto un par de horas antes ya había llegado el fiscal Maraggi, que ya sabe bastante del caso.
Yendo a las diferentes declaraciones, Analía Mas, coordinadora de denuncias de discriminación del INADI, hizo referencia a “las viviendas en estado lamentable y a las condiciones de trabajo de los empleados, sin protección y en contacto con venenos”, se mostró sorprendida y confió que “entre todos tenemos que solucionar esto, no se puede trabajar en estas condiciones” insistió y afirmó “esto es trabajo esclavo, trabajo de hombres, mujeres y niños con tal de juntar 60 mil huevos por día”, afirmó, de acuerdo a lo que le habrían dicho los empleados.
Por su parte el jefe del operativo, Jorge Calegari –director provincial de Delegaciones e Inspecciones del Ministerio de Trabajo- dijo sentirse conmovido por el grupo de chicos que contaron cómo trabajaban en los galpones juntando huevos. “Los padres son víctimas comprometidas pero en esta circunstancias los responsables de la situación son los dueños de las granjas”, sentenció. Luego el funcionario anticipó que “vamos a ir con todo lo que la ley permite para que este lugar se paralice”.
Mientras tanto las reuniones informales de tres o cuatro personas se multiplicaban, todos hablaban de lo encontrado en esa granja, pero nadie sabía muy bien qué pasará luego más allá de las multas a las que son plausibles los responsables.
Se hablaba de conformar mesas de trabajo entre los diversos organismos que compartieron el problema, hasta se escucho decir a un funcionario que “juntos vamos a cambiar el país”.
La tarde se hacía larga y no había definición acerca del funcionamiento o clausura del establecimiento. A todos, incluso los inspectores municipales que ya conocen esta granja, les parecía que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Ese era el motivo por el cual le podía caer la clausura. Algo que a la altura de la tardecita del jueves todos querían.
Pero esa posibilidad quedó en deseo cuando se hicieron presentes el Ministerio de Asuntos Agrarios, a través del Dr. Masalo y Dr. Ugarte.
Ni bien entraron al predio lo primero que hicieron fue sacar a toda la gente para recorrer las instalaciones junto a un inspector municipal y el jefe del operativo.
El veredicto de los funcionarios fue que las condiciones sanitarias “estaban bien, había alguna anormalidad pero estaba bien”, por lo tanto no estaban para No fue sorpresa, pero nadie imaginó semejante despliegue de inspectores y organismos del Estado detrás de la detección de trabajadores en negro, indocumentados y explotación de niños.
El municipio había pedido al Ministerio de Trabajo provincial una inspección a otros establecimientos para asegurarse que no se repitiera la misma situación que hace siete días en las granjas de “Nuestra Huella”. El miércoles el intendente viajó a La Plata y se entrevistó con el ministro de Trabajo quien le confirmó la inspección, la cual –se sabía- tendría cobertura mediática.
La Semana estuvo desde las 9 hs en la estación de servicio de Rutas 8 y 6, lugar de encuentro de los inspectores. La sorpresa fue que cada vez llegaban más funcionarios representando a diferentes organismos. Veamos: Ministerio de Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Migraciones, INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), Subsecretaría de la niñez y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, COPRETI (Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil), Municipio local, UATRE (sindicato), OSPRERA (obra social). Con el correr de las horas se sumaría la Fiscalía del Dr. Juan José Maraggi (a cargo de la causa penal) y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Ese movimiento se tradujo en principio en 60 personas y 15 móviles que marcharon en caravana, primero hacia Los Cardales, donde inspeccionaron la granja de Esteban Quiqueran con resultado negativo, aunque el que comandaba la inspección –Jorge Calegari- declaró luego que “no estaban la mayoría de los trabajadores que estaban en la lista” y dijo sospechar que los supuestos irregulares se habían ido para zafar de la inspección. Entonces, se dedujo, alguien le habría avisado al dueño de los 26 galpones de ponedoras.
Resulta que los inspectores laborales tenían información de que en esa granja había empleados en negro, el dato se lo habría pasado el sindicato de UATRE que visitó la semana anterior el lugar y según una fuente del gremio “habían constatado graves irregularidades”, las mismas que las inspecciones no pudieron corroborar. Solo detectaron irregularidades administrativas menores.
Las 60 personas –también este medio- entraron todas al predio de Quiqueran, ante la sorpresa estupefacta del dueño del predio que no podía entender el por qué la cantidad de gente y móviles.
Por los resultados pareció muy exagerado, los que conocen la zona y a los productores, esas granjas no eran las indicadas si se querían buscar situaciones como las de La Mimosa de la empresa Nuestra Huella, tal como ocurría días atrás.
Para obtener lo que no obtuvieron en la granja de Cardales, la notable caravana se dirigió a la ya famosa Mimosa III. Los esperaba el abogado y apoderado –de apellido Gariboti- que solo se limitó a firmar y recibir a la avalancha de funcionarios y demás.
Ahí fue otra historia y todos los organismos trabajaron.
La cartera Laboral encuestando a los trabajadores y labrando actas, Migraciones hablando con las personas de origen boliviano (todos con documentos en trámite), el INADI viendo situaciones de explotación, el gremio y obra social encuestando a sus futuros aportantes, el COPRETI encuestando a los chicos y tomando imágenes y testimonios para un documental que están produciendo sobre el trabajo y explotación de menores (ver nota Los chicos siempre dicen la verdad) y el Municipio sentando los antecedentes de inspecciones y explicando las limitaciones para el caso ya que es Asuntos Agrarios la responsable de que las granjas no estén clausuradas.
Ese ministerio aparecería después, a eso de las 18,30 horas y con el signo de agotamiento de los que todavía tenían que volver a La Plata. En tanto un par de horas antes ya había llegado el fiscal Maraggi, que ya sabe bastante del caso.
Yendo a las diferentes declaraciones, Analía Mas, coordinadora de denuncias de discriminación del INADI, hizo referencia a “las viviendas en estado lamentable y a las condiciones de trabajo de los empleados, sin protección y en contacto con venenos”, se mostró sorprendida y confió que “entre todos tenemos que solucionar esto, no se puede trabajar en estas condiciones” insistió y afirmó “esto es trabajo esclavo, trabajo de hombres, mujeres y niños con tal de juntar 60 mil huevos por día”, afirmó, de acuerdo a lo que le habrían dicho los empleados.
Por su parte el jefe del operativo, Jorge Calegari –director provincial de Delegaciones e Inspecciones del Ministerio de Trabajo- dijo sentirse conmovido por el grupo de chicos que contaron cómo trabajaban en los galpones juntando huevos. “Los padres son víctimas comprometidas pero en esta circunstancias los responsables de la situación son los dueños de las granjas”, sentenció. Luego el funcionario anticipó que “vamos a ir con todo lo que la ley permite para que este lugar se paralice”.
Mientras tanto las reuniones informales de tres o cuatro personas se multiplicaban, todos hablaban de lo encontrado en esa granja, pero nadie sabía muy bien qué pasará luego más allá de las multas a las que son plausibles los responsables.
Se hablaba de conformar mesas de trabajo entre los diversos organismos que compartieron el problema, hasta se escucho decir a un funcionario que “juntos vamos a cambiar el país”.
La tarde se hacía larga y no había definición acerca del funcionamiento o clausura del establecimiento. A todos, incluso los inspectores municipales que ya conocen esta granja, les parecía que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Ese era el motivo por el cual le podía caer la clausura. Algo que a la altura de la tardecita del jueves todos querían.
Pero esa posibilidad quedó en deseo cuando se hicieron presentes el Ministerio de Asuntos Agrarios, a través del Dr. Masalo y Dr. Ugarte.
Ni bien entraron al predio lo primero que hicieron fue sacar a toda la gente para recorrer las instalaciones junto a un inspector municipal y el jefe del operativo.
El veredicto de los funcionarios fue que las condiciones sanitarias “estaban bien, había alguna anormalidad pero estaba bien”, por lo tanto no estaban para clausurar. Alguien interrogó a esos inspectores preguntando si no le parecía que esas condiciones no eran las optimas o al menos las correctas, pero el inspector le contestó que si no son anomalías graves la granja no se clausura. “Para usted, le dijo, esto es una barbaridad, pero es normal”
Con el punto de vista de Asuntos Agrarios no quedaron muy conformes los que habían pasado once horas de inspecciones (por los gestos hasta al fiscal le pareció extraño), inclusive el municipio, pero en definitiva es la autoridad de aplicación.
Después de un día agitado el resultado concreto pareció -por ahora- muy poco.
El municipio había pedido al Ministerio de Trabajo provincial una inspección a otros establecimientos para asegurarse que no se repitiera la misma situación que hace siete días en las granjas de “Nuestra Huella”. El miércoles el intendente viajó a La Plata y se entrevistó con el ministro de Trabajo quien le confirmó la inspección, la cual –se sabía- tendría cobertura mediática.
La Semana estuvo desde las 9 hs en la estación de servicio de Rutas 8 y 6, lugar de encuentro de los inspectores. La sorpresa fue que cada vez llegaban más funcionarios representando a diferentes organismos. Veamos: Ministerio de Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Migraciones, INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), Subsecretaría de la niñez y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, COPRETI (Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil), Municipio local, UATRE (sindicato), OSPRERA (obra social). Con el correr de las horas se sumaría la Fiscalía del Dr. Juan José Maraggi (a cargo de la causa penal) y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Ese movimiento se tradujo en principio en 60 personas y 15 móviles que marcharon en caravana, primero hacia Los Cardales, donde inspeccionaron la granja de Esteban Quiqueran con resultado negativo, aunque el que comandaba la inspección –Jorge Calegari- declaró luego que “no estaban la mayoría de los trabajadores que estaban en la lista” y dijo sospechar que los supuestos irregulares se habían ido para zafar de la inspección. Entonces, se dedujo, alguien le habría avisado al dueño de los 26 galpones de ponedoras.
Resulta que los inspectores laborales tenían información de que en esa granja había empleados en negro, el dato se lo habría pasado el sindicato de UATRE que visitó la semana anterior el lugar y según una fuente del gremio “habían constatado graves irregularidades”, las mismas que las inspecciones no pudieron corroborar. Solo detectaron irregularidades administrativas menores.
Las 60 personas –también este medio- entraron todas al predio de Quiqueran, ante la sorpresa estupefacta del dueño del predio que no podía entender el por qué la cantidad de gente y móviles.
Por los resultados pareció muy exagerado, los que conocen la zona y a los productores, esas granjas no eran las indicadas si se querían buscar situaciones como las de La Mimosa de la empresa Nuestra Huella, tal como ocurría días atrás.
Para obtener lo que no obtuvieron en la granja de Cardales, la notable caravana se dirigió a la ya famosa Mimosa III. Los esperaba el abogado y apoderado –de apellido Gariboti- que solo se limitó a firmar y recibir a la avalancha de funcionarios y demás.
Ahí fue otra historia y todos los organismos trabajaron.
La cartera Laboral encuestando a los trabajadores y labrando actas, Migraciones hablando con las personas de origen boliviano (todos con documentos en trámite), el INADI viendo situaciones de explotación, el gremio y obra social encuestando a sus futuros aportantes, el COPRETI encuestando a los chicos y tomando imágenes y testimonios para un documental que están produciendo sobre el trabajo y explotación de menores (ver nota Los chicos siempre dicen la verdad) y el Municipio sentando los antecedentes de inspecciones y explicando las limitaciones para el caso ya que es Asuntos Agrarios la responsable de que las granjas no estén clausuradas.
Ese ministerio aparecería después, a eso de las 18,30 horas y con el signo de agotamiento de los que todavía tenían que volver a La Plata. En tanto un par de horas antes ya había llegado el fiscal Maraggi, que ya sabe bastante del caso.
Yendo a las diferentes declaraciones, Analía Mas, coordinadora de denuncias de discriminación del INADI, hizo referencia a “las viviendas en estado lamentable y a las condiciones de trabajo de los empleados, sin protección y en contacto con venenos”, se mostró sorprendida y confió que “entre todos tenemos que solucionar esto, no se puede trabajar en estas condiciones” insistió y afirmó “esto es trabajo esclavo, trabajo de hombres, mujeres y niños con tal de juntar 60 mil huevos por día”, afirmó, de acuerdo a lo que le habrían dicho los empleados.
Por su parte el jefe del operativo, Jorge Calegari –director provincial de Delegaciones e Inspecciones del Ministerio de Trabajo- dijo sentirse conmovido por el grupo de chicos que contaron cómo trabajaban en los galpones juntando huevos. “Los padres son víctimas comprometidas pero en esta circunstancias los responsables de la situación son los dueños de las granjas”, sentenció. Luego el funcionario anticipó que “vamos a ir con todo lo que la ley permite para que este lugar se paralice”.
Mientras tanto las reuniones informales de tres o cuatro personas se multiplicaban, todos hablaban de lo encontrado en esa granja, pero nadie sabía muy bien qué pasará luego más allá de las multas a las que son plausibles los responsables.
Se hablaba de conformar mesas de trabajo entre los diversos organismos que compartieron el problema, hasta se escucho decir a un funcionario que “juntos vamos a cambiar el país”.
La tarde se hacía larga y no había definición acerca del funcionamiento o clausura del establecimiento. A todos, incluso los inspectores municipales que ya conocen esta granja, les parecía que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Ese era el motivo por el cual le podía caer la clausura. Algo que a la altura de la tardecita del jueves todos querían.
Pero esa posibilidad quedó en deseo cuando se hicieron presentes el Ministerio de Asuntos Agrarios, a través del Dr. Masalo y Dr. Ugarte.
Ni bien entraron al predio lo primero que hicieron fue sacar a toda la gente para recorrer las instalaciones junto a un inspector municipal y el jefe del operativo.
El veredicto de los funcionarios fue que las condiciones sanitarias “estaban bien, había alguna anormalidad pero estaba bien”, por lo tanto no estaban para No fue sorpresa, pero nadie imaginó semejante despliegue de inspectores y organismos del Estado detrás de la detección de trabajadores en negro, indocumentados y explotación de niños.
El municipio había pedido al Ministerio de Trabajo provincial una inspección a otros establecimientos para asegurarse que no se repitiera la misma situación que hace siete días en las granjas de “Nuestra Huella”. El miércoles el intendente viajó a La Plata y se entrevistó con el ministro de Trabajo quien le confirmó la inspección, la cual –se sabía- tendría cobertura mediática.
La Semana estuvo desde las 9 hs en la estación de servicio de Rutas 8 y 6, lugar de encuentro de los inspectores. La sorpresa fue que cada vez llegaban más funcionarios representando a diferentes organismos. Veamos: Ministerio de Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Migraciones, INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), Subsecretaría de la niñez y adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, COPRETI (Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil), Municipio local, UATRE (sindicato), OSPRERA (obra social). Con el correr de las horas se sumaría la Fiscalía del Dr. Juan José Maraggi (a cargo de la causa penal) y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Ese movimiento se tradujo en principio en 60 personas y 15 móviles que marcharon en caravana, primero hacia Los Cardales, donde inspeccionaron la granja de Esteban Quiqueran con resultado negativo, aunque el que comandaba la inspección –Jorge Calegari- declaró luego que “no estaban la mayoría de los trabajadores que estaban en la lista” y dijo sospechar que los supuestos irregulares se habían ido para zafar de la inspección. Entonces, se dedujo, alguien le habría avisado al dueño de los 26 galpones de ponedoras.
Resulta que los inspectores laborales tenían información de que en esa granja había empleados en negro, el dato se lo habría pasado el sindicato de UATRE que visitó la semana anterior el lugar y según una fuente del gremio “habían constatado graves irregularidades”, las mismas que las inspecciones no pudieron corroborar. Solo detectaron irregularidades administrativas menores.
Las 60 personas –también este medio- entraron todas al predio de Quiqueran, ante la sorpresa estupefacta del dueño del predio que no podía entender el por qué la cantidad de gente y móviles.
Por los resultados pareció muy exagerado, los que conocen la zona y a los productores, esas granjas no eran las indicadas si se querían buscar situaciones como las de La Mimosa de la empresa Nuestra Huella, tal como ocurría días atrás.
Para obtener lo que no obtuvieron en la granja de Cardales, la notable caravana se dirigió a la ya famosa Mimosa III. Los esperaba el abogado y apoderado –de apellido Gariboti- que solo se limitó a firmar y recibir a la avalancha de funcionarios y demás.
Ahí fue otra historia y todos los organismos trabajaron.
La cartera Laboral encuestando a los trabajadores y labrando actas, Migraciones hablando con las personas de origen boliviano (todos con documentos en trámite), el INADI viendo situaciones de explotación, el gremio y obra social encuestando a sus futuros aportantes, el COPRETI encuestando a los chicos y tomando imágenes y testimonios para un documental que están produciendo sobre el trabajo y explotación de menores (ver nota Los chicos siempre dicen la verdad) y el Municipio sentando los antecedentes de inspecciones y explicando las limitaciones para el caso ya que es Asuntos Agrarios la responsable de que las granjas no estén clausuradas.
Ese ministerio aparecería después, a eso de las 18,30 horas y con el signo de agotamiento de los que todavía tenían que volver a La Plata. En tanto un par de horas antes ya había llegado el fiscal Maraggi, que ya sabe bastante del caso.
Yendo a las diferentes declaraciones, Analía Mas, coordinadora de denuncias de discriminación del INADI, hizo referencia a “las viviendas en estado lamentable y a las condiciones de trabajo de los empleados, sin protección y en contacto con venenos”, se mostró sorprendida y confió que “entre todos tenemos que solucionar esto, no se puede trabajar en estas condiciones” insistió y afirmó “esto es trabajo esclavo, trabajo de hombres, mujeres y niños con tal de juntar 60 mil huevos por día”, afirmó, de acuerdo a lo que le habrían dicho los empleados.
Por su parte el jefe del operativo, Jorge Calegari –director provincial de Delegaciones e Inspecciones del Ministerio de Trabajo- dijo sentirse conmovido por el grupo de chicos que contaron cómo trabajaban en los galpones juntando huevos. “Los padres son víctimas comprometidas pero en esta circunstancias los responsables de la situación son los dueños de las granjas”, sentenció. Luego el funcionario anticipó que “vamos a ir con todo lo que la ley permite para que este lugar se paralice”.
Mientras tanto las reuniones informales de tres o cuatro personas se multiplicaban, todos hablaban de lo encontrado en esa granja, pero nadie sabía muy bien qué pasará luego más allá de las multas a las que son plausibles los responsables.
Se hablaba de conformar mesas de trabajo entre los diversos organismos que compartieron el problema, hasta se escucho decir a un funcionario que “juntos vamos a cambiar el país”.
La tarde se hacía larga y no había definición acerca del funcionamiento o clausura del establecimiento. A todos, incluso los inspectores municipales que ya conocen esta granja, les parecía que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Ese era el motivo por el cual le podía caer la clausura. Algo que a la altura de la tardecita del jueves todos querían.
Pero esa posibilidad quedó en deseo cuando se hicieron presentes el Ministerio de Asuntos Agrarios, a través del Dr. Masalo y Dr. Ugarte.
Ni bien entraron al predio lo primero que hicieron fue sacar a toda la gente para recorrer las instalaciones junto a un inspector municipal y el jefe del operativo.
El veredicto de los funcionarios fue que las condiciones sanitarias “estaban bien, había alguna anormalidad pero estaba bien”, por lo tanto no estaban para clausurar. Alguien interrogó a esos inspectores preguntando si no le parecía que esas condiciones no eran las optimas o al menos las correctas, pero el inspector le contestó que si no son anomalías graves la granja no se clausura. “Para usted, le dijo, esto es una barbaridad, pero es normal”
Con el punto de vista de Asuntos Agrarios no quedaron muy conformes los que habían pasado once horas de inspecciones (por los gestos hasta al fiscal le pareció extraño), inclusive el municipio, pero en definitiva es la autoridad de aplicación.
Después de un día agitado el resultado concreto pareció -por ahora- muy poco.
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