[LA LEY Y EL ORDEN]
Convocados por Daniel Scioli, legisladores, intendentes, ministros y funcionarios de la Justicia se reunieron el jueves para evaluar cambios en materia de justicia y seguridad.
"Nadie debe hacerse el distraído con el tema de seguridad". Ese fue el mensaje del gobernador Scioli (aunque la frase le pertenezca a su jefe de Gabinete Alberto Pérez) al reunirse con la denominada «Mesa de Diálogo por la Inseguridad», («Mesa del Diálogo Institucional y Política de Estado por la Seguridad Ciudadana», el nombre oficial) la primera de este tipo, que se realizó en la Gobernación bonaerense y que intentará avanzar en la búsqueda de consensos y abrir el debate sobre dos proyectos claves que está impulsando el gobierno bonaerense por estas semanas.
Por eso el debate abordó las particularidades de algunos de los 14 proyectos de ley que tienen estado parlamentario para modificar la ley penal juvenil.
Del encuentro participaron, además de Scioli, el vicegobernador Alberto Balestrini, miembros del Gabinete provincial, legisladores, intendentes y representantes de la Suprema Corte, Procuraduría General, Colegios de Abogados y Asociación de Magistrados.
En declaraciones tras el encuentro, el jefe de Gabinete Alberto Pérez dijo que «nadie debe hacerse el distraído con el tema de seguridad. El gobernador ha estado asumiendo su máxima responsabilidad. La respuesta fue sentarnos para diagnosticar, a dialogar, no tirarnos la pelota unos a otros y poder darle una respuesta a la ciudadanía».
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal, señaló que «lo que queda claro es que hay una necesidad muy fuerte de articular con más profundidad las políticas de Estado».
«La inseguridad, más allá de una ley más adecuada, es un tema integral, tiene que ver con la producción, el trabajo, con la educación; con la formación de los hijos y de la sociedad; acá hubo un Estado que en algún momento abandonó todo este tipo de cosas, y estos son los resultados», remarcó un intendente del conurbano, la zona más caliente.
En la legislatura
El gobierno bonaerense envió esta semana a la Legislatura un proyecto que contempla la reforma del Código Procesal Penal, entre las que se encuentran el límite a las excarcelaciones.
Con respecto a este punto, el gobierno pretende que el otorgamiento de prisión domiciliaria sólo sea dado en forma "excepcional", con "previa vista" del fiscal y que el mismo pueda ser apelado.
Otro punto que se modificaría es el que impulsa acciones para acelerar los procesos judiciales y promueve una audiencia entre las partes previa al juicio oral, con la idea de evitarlo.
Por otro lado, se mantendrá el actual sistema de colocación de pulseras magnéticas a los presos, pero sólo podrán ser beneficiarios aquellos imputados mayores de 70 años, los que padecieran una enfermedad incurable en período terminal, y las mujeres en embarazadas o con hijos menores de 5 años. Sobre este último punto el senador Ricardo Bozzani puntualizo que se trata de evitar "las escapadas que hace que un delincuente cometa asesinatos".
Reconoció además que no se ha logrado que las cárceles sirvan para recuperar personas, "es un tema pendiente que tendremos que lograrlo entre todos, no es responsabilidad de un solo gobierno ni servicio penitenciario, hay que cambiar muchas formas arraigadas que hacen que el proceso de cambio sea lento, lo importante es que haya un inicio y eso es lo que se persigue."
También se pretende que actúe un solo juez "cuando se trate de delitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de 15 años de prisión o reclusión» o "cuando, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere ese lapso".
Convocados por Daniel Scioli, legisladores, intendentes, ministros y funcionarios de la Justicia se reunieron el jueves para evaluar cambios en materia de justicia y seguridad.
"Nadie debe hacerse el distraído con el tema de seguridad". Ese fue el mensaje del gobernador Scioli (aunque la frase le pertenezca a su jefe de Gabinete Alberto Pérez) al reunirse con la denominada «Mesa de Diálogo por la Inseguridad», («Mesa del Diálogo Institucional y Política de Estado por la Seguridad Ciudadana», el nombre oficial) la primera de este tipo, que se realizó en la Gobernación bonaerense y que intentará avanzar en la búsqueda de consensos y abrir el debate sobre dos proyectos claves que está impulsando el gobierno bonaerense por estas semanas.
Por eso el debate abordó las particularidades de algunos de los 14 proyectos de ley que tienen estado parlamentario para modificar la ley penal juvenil.
Del encuentro participaron, además de Scioli, el vicegobernador Alberto Balestrini, miembros del Gabinete provincial, legisladores, intendentes y representantes de la Suprema Corte, Procuraduría General, Colegios de Abogados y Asociación de Magistrados.
En declaraciones tras el encuentro, el jefe de Gabinete Alberto Pérez dijo que «nadie debe hacerse el distraído con el tema de seguridad. El gobernador ha estado asumiendo su máxima responsabilidad. La respuesta fue sentarnos para diagnosticar, a dialogar, no tirarnos la pelota unos a otros y poder darle una respuesta a la ciudadanía».
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal, señaló que «lo que queda claro es que hay una necesidad muy fuerte de articular con más profundidad las políticas de Estado».
«La inseguridad, más allá de una ley más adecuada, es un tema integral, tiene que ver con la producción, el trabajo, con la educación; con la formación de los hijos y de la sociedad; acá hubo un Estado que en algún momento abandonó todo este tipo de cosas, y estos son los resultados», remarcó un intendente del conurbano, la zona más caliente.
En la legislatura
El gobierno bonaerense envió esta semana a la Legislatura un proyecto que contempla la reforma del Código Procesal Penal, entre las que se encuentran el límite a las excarcelaciones.
Con respecto a este punto, el gobierno pretende que el otorgamiento de prisión domiciliaria sólo sea dado en forma "excepcional", con "previa vista" del fiscal y que el mismo pueda ser apelado.
Otro punto que se modificaría es el que impulsa acciones para acelerar los procesos judiciales y promueve una audiencia entre las partes previa al juicio oral, con la idea de evitarlo.
Por otro lado, se mantendrá el actual sistema de colocación de pulseras magnéticas a los presos, pero sólo podrán ser beneficiarios aquellos imputados mayores de 70 años, los que padecieran una enfermedad incurable en período terminal, y las mujeres en embarazadas o con hijos menores de 5 años. Sobre este último punto el senador Ricardo Bozzani puntualizo que se trata de evitar "las escapadas que hace que un delincuente cometa asesinatos".
Reconoció además que no se ha logrado que las cárceles sirvan para recuperar personas, "es un tema pendiente que tendremos que lograrlo entre todos, no es responsabilidad de un solo gobierno ni servicio penitenciario, hay que cambiar muchas formas arraigadas que hacen que el proceso de cambio sea lento, lo importante es que haya un inicio y eso es lo que se persigue."
También se pretende que actúe un solo juez "cuando se trate de delitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de 15 años de prisión o reclusión» o "cuando, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere ese lapso".
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