Fernández quiere cobrar

[ZAFÓ DE LA DESTITUCIÓN Y RECLAMA]

El concejal reclamó -vía carta documento- el pago de su dieta suspendida por un proceso en su contra.

Luego de que la Corte Bonaerense anulara el proceso de su destitución -hace tres meses- por estar viciado de nulidades, el concejal del ARI Hugo Fernández dio otro paso para restituir sus funciones de concejal a pleno, esto es cobrar su dieta (sueldo) suspendida tras la constitución de una comisión investigadora que determinó que cobraba doble sueldo del Estado (como no docente en la UBA y como concejal), algo incompatible por ley, tal como lo denunció en diciembre del 2006 el Ejecutivo municipal.
En una carta documento dirigida a la presidente del HCD, Cristina Ponce, patrocinada por los abogados Borja y Franzzanti (del mismo espacio político), reclama 24 meses de sueldo y que no se sigan vulnerando sus derechos. Antes recuerda lo dispuesto por el tribunal superior de la Justicia bonaerense, que dictó a favor de su no destitución (algo que en la práctica nunca se llevó a cabo por un recurso legal presentado), aunque el tema de fondo -si cobró indebidamente el sueldo de concejal- no lo resolvió porque invalidó el proceso.
En ese contexto se tendrá que resolver la cuestión administrativa. Para el Ejecutivo está probado que Fernández cobró indebidamente, tal como lo confirmó el Tribunal de Cuentas provincial.
Por su parte, judicialmente Fernández no pudo obtener un fallo que le de la razón en ese aspecto, tal como él sostuvo al negarse a aceptar un reconocimiento de su "error".
Las alternativas serían dos. Que el concejal se acoja finalmente a la Ley que determina el cobro de la dos tercera partes del sueldo en concepto de "gastos", contemplada para los casos de que un concejal tenga otro empleo en una orbita estatal (que no sea docente, que es la única excepción); o que reclame la totalidad de la dieta no reconociendo su doble percepción del Estado. En este caso el Ejecutivo -a través del Contador municipal- se negará a pagarle y en consecuencia se formaría otra comisión investigadora para reiniciar el proceso de destitución, algo que parece improbable.
Por otro lado, si Fernández aceptara el cobro según el artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, estaría reconociendo explícitamente el "error" cometido al cobrar íntegramente de dos reparticiones del Estado.
De ser así se le descontaría un tercio del sueldo que ya cobró desde fines del 2005 cuando asumió como concejal hasta la suspensión de su dieta. De todas formas tendrá en su haber un acumulado en concepto de dietas no liquidadas.
Esto o nada, parece ser la disyuntiva que tendrá el concejal Fernández.

Dos, más dos casos
Además del sonado caso de Fernández, en el HCD hay cuatro casos más que tienen doble empleo estatal. Dos de ellos no tiene impedimento de cobrar el cien por ciento del sueldo por tratarse de docentes: Cristina Ponce y Agustín Orlando. Los otros dos cobran las dos terceras partes de la dieta a la que no se la considera un sueldo sino retribución por gastos de función. Ellos son Martín Real Salas (Banco provincia) y Paula Faure (ONABE).

Con la plata que sobra
Hace rato que viene dando vuelta la idea de utilizar el "ahorro" de dietas en el HCD por la aplicación del artículo 91 para destinarlo al área de educación. Justamente en la última sesión lo planteó nuevamente el edil del ARI Hugo Fernández, quién podría terminar contribuyendo a este "fondo".